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PDI y Carabineros realizan grave acusación contra tribunales sobre su rol respecto a los comuneros mapuches fugados tras ser condenados por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay

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En informes entregados por Carabineros y la PDI al Gobierno, advierten que pasaron doce días después del fallo para que se autorizara su ingreso a los domicilios de los condenados, acusando retraso de los tribunales por la fuga de los procesados.

El pasados 10 de octubre, La Corte Suprema dictó la sentencia de 18 años de cárcel para Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche, por el ataque incendiario al matrimonio Luchsinger Mackay, que les costó la vida en enero de 2013. A casi tres semanas de la resolución, ambos primos permanecen prófugos, lo que exigió por parte del Gobierno, solicitar informes a Carabineros y la PDI.

Según publicó La Tercera, al momento de las desapariciones, los comuneros se encontraban bajo arresto domiciliario. Asimismo, señala que Tralcal Quidel permanece inubicado desde mayo pasado, una vez se dio a conocer el fallo del segundo juicio que lo condenó a cadena perpetua. Mientras, Tralcal Coche tomó la misma decisión tras conocerse la sentencia.

Los informes que Carabineros y la PDI entregaron al Ministerio del Interior, establecen que recién el 22 de octubre tuvieron autorización para ingresar a los domicilios de los condenados.

Asimismo aclaran que el 23 de octubre, a las 7.00, hicieron ingreso a la casa de Tralcal Coche. Una vez adentro, indicó la información de Carabineros, se encontraron con el hijo del condenado, quien aseguró que su padre “hace dos semanas a la fecha salió del inmueble y que desconocen su actual ubicación”.

El hijo del matrimonio asesinado, Jorge Luchsinger, señaló a La Tercera que “los jueces se lavan las manos y no tienen ningún atisbo en considerar que puede haber una falencia del sistema judicial que haya permitido a estas personas fugarse. Pero pasan toda la responsabilidad a las policías”.

Bajo esa misma línea, el abogado penalista, Cristián Riego estimó al matutino que “lo que más sorprende es que, habiendo sido condenados a penas tan altas, se los hubiera dejado en libertad a la espera del recurso de nulidad. Eso me parece un error muy grave. A partir de ahí, la tardanza en emitir las órdenes también es muy rara”.

Fuente: Radio Agricultura

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