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El nuevo descubrimiento que investiga el juez Carroza sobre una gran cantidad de armas pertenecientes a Augusto Pinochet

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El ministro Mario Carroza, descubrió que 27 armas pertenecientes al Augusto Pinochet, quien murió en 2006, se encuentran actualmente extraviadas y otra que no está registrada.

La información consta en un cuaderno secreto que sustancia el magistrado respecto al armamento personal de los ex-uniformados.

En esa tramitación se logró establecer que otros militares fallecidos ya sea condenados o ligados a casos de violaciones de derechos humanos aún mantienen inscritas armas a su nombre.

Según la revisión que realizó la Brigada de Inteligencia Policial de la PDI, de 34 que dejaron de existir, incluyendo a Pinochet, aparece un total de 139 armas.

Pero no solo con los muertos ocurre esta situación, también con quienes actualmente purgan condena en Punta Peuco y Colina Dos.

Es decir, ex agentes de la CNI, DINA, entre otros, tienen pistolas, revólveres, fusiles, carabinas y escopetas en regla ante la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN). Una parte importante de ellas, están rotuladas ante la autoridad par usarlas en “defensa personal”.

De acuerdo a la información a la que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, Pinochet tenía inscritas -como coleccionista- 18 pistolas, 8 revólveres y un fusil.

Entre ellas destacan algunas, como la pistola francesa Chaterrault; también una Waffenfabrik Walther, la misma que usaban los oficiales de la Wehrmacht en Alemania y una Glock austríaca. Para “defensa personal”, en cambio, Pinochet tenía inscrita nada menos que una pistola UZI de fabricación israelí, calibre 9 milímetros, que disparaba ráfagas.

La mayoría del armamento, fue inscrito entre agosto y septiembre de 1997. En otras palabras, a pocos meses de dejar la comandancia en Jefe del Ejército, hecho que ocurrió el 10 de marzo de 1998, ya que el día siguiente juró como senador vitalicio.

Sin embargo, hay un detalle que llama la atención. Un revólver Colt calibre 22 aparece inscrito a su nombre el 11 de mayo de 2000, es decir, a dos meses y 19 días de que hubiera pisado suelo nacional, tras una larga detención en Londres, a petición del entonces juez español Baltasar Garzón.

Junto a Pinochet, también comparten el listado hecho por la PDI, el general Sergio Arellano Stark -muerto en 2016– quien fuera la cabeza de la llamada Caravana de la Muerte, el helicóptero que recorrió Chile acelerando fusilamientos.

A su nombre aparecen inscritas “sin novedad” tres pistolas y un revólver, todas bajo la figura de defensa personal.

Manuel Contreras Sepúlveda, otrora cabeza de la DINA y fallecido en 2015 mantiene cinco armas registradas. De ellas cuatro están en regla y una pistola (Walther 7.65) no se encuentra en la lista formal de armamentos inscritos.

Por su parte, el exdirector de la Central Nacional de Informaciones (CNI), general Humberto Gordon que dejó de existir en 2000, también tiene armamento a su nombre.

Figura un revólver y una pistola para defensa personal. El resto, son un rifle para tiro deportivo, dos escopetas y una carabina Rossi, destinadas a la caza.

El ex almirante Adolfo Walbaum Wieber, quien fuera procesado por las torturas al sacerdote Miguel Woodward en el Buque Escuela Esmeralda, también fallecido, mantiene 9 armas y en calidad de vigentes, entre pistolas para defensa personal, escopetas y rifles de caza.

En la relación siguen, entre otros, el general Odlanier Mena, quien se suicidó de un balazo en la cabeza en septiembre de 2013, con una de las cuatro armas que todavía permanecen a su nombre.

La Ley de Control de Armas en Chile establece que si una persona que está registrada como dueño de armamento fallece, serán sus herederos los obligados a reinscribirlo o venderlo en un plazo máximo de 90 días.

Si no se ejecutó el trámite, el arma debe ser puesta a disposición de la autoridad militar para su destrucción, de lo contrario arriesgan multas que van desde las 5 a 10 UTM y la denuncia a la justicia.

De acuerdo a la investigación de Carroza, de las 139 armas mencionadas, 97 estarían inscritas aún a nombre de los fallecidos, sin ser regularizadas.

La indagatoria que lleva Carroza también abarcó a los militares vivos, pero que se encuentran cumpliendo pena en Punta Peuco y Colina Dos. Para el caso del primer centro de detención, los informes de la PDI señalan que de 120 reclusos, 68 tienen armas inscritas, las que alcanzan a un total de 211.

Lidera la lista, el exauditor general del Ejército y fiscal ad-hoc, Fernando Torres Silva, condenado a 10 años como autor del delito de asociación ilícita, en el marco del homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos.

El abogado mantiene nada menos que nueve armas, entre ellas escopetas, pistolas y un revólver Colt 357. Según el informe de la PDI, todas están legalmente inscritas y su permiso vigente.

Quien le disputa el cetro es el exjefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, condenado por múltiples homicidios, entre ellos la Operación Albania, la muerte del carpintero Juan Alegría Mundaca y desapariciones de militantes del FPMR en 1987.

En el expediente consta que el exuniformado mantiene 9 armas registradas, todas de colección, al igual que Pinochet. Se trata de una escopeta y un fusil “sin marca”, además de varios rifles Winchester, una pistola CZ y un fusil Mauser. Todo el armamento está en regla y al día.

Con menos cantidad, está el ex DINA Miguel Krassnoff, condenado a cientos de años por desapariciones clandestinas en distintas operaciones de eliminación y parte del núcleo duro de Manuel Contreras.
Pues bien, Krassnoff, según la información que obra en manos de Carroza, mantiene en regla dos pistolas y un revólver.

En Colina Dos, actualmente hay 24 condenados con un total de 46 armas. Lidera la cifra la pistola con 15 inscripciones, seguida del revólver con 11 unidades, 13 escopetas, 2 rifles, 3 fusiles y dos carabinas.

El coronel (r) Marcelo Marambio Molina, condenado a diez años por su responsabilidad en el homicidio de 13 víctimas de la Caravana de la Muerte, cuando el helicóptero Puma del Ejército pasó por Copiapó, es quien más armas posee entre sus camaradas. 2 revólveres, 2 escopetas y dos fusiles. Cinco de ellas están al día y una extraviada.

Pedro Guzmán Olivares, ex-DINA condenado por homicidio mantuvo inscritas una escopeta y una pistola. Ambas están extraviadas.

En el listado figura también el exdetective Juan Carlos Orellana Morales, condenado por la desaparición de militantes del FPMR en 1987. El exPDI mantiene en regla, dos escopetas.

En la legislación actual, las personas que son condenadas por un crimen o sancionadas por violencia intrafamiliar, no pueden acceder a un arma. Dicho registro debería estar actualizado en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), pero no lo está.

En la investigación, la PDI ofició en 2017 al entonces jefe del organismo, general Carlos Ricotti, solicitándole información respecto a por qué los condenados por violaciones de derechos humanos, aún estaban en el listado de poseedores de armas.

A través de un oficio secreto, Ricotti explicó que la única manera en qué actúen como institución, es cuando los tribunales les informan y agregó que la DGMN no tiene acceso al Registro Nacional de Condenas.

Este medio, solicitó una versión formal a la entidad, dirigida hoy por el general Jorge Morales, respecto a la investigación que lleva Carroza.

A través de un comunicado de seis párrafos, indicó que nunca actúan “antes de que la Autoridad Judicial comunique oficialmente la cancelación de la autorización de tenencia de armas”.

Fuente: Radio Agricultura

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