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Diego Maureira: Pensiones y debilidad presidencial

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En las últimas semanas hemos asistido a un nuevo episodio de cobardía y demostración de carencia de principios del Gobierno de Sebastián Piñera. Esta vez, con respecto al debate sobre la reforma de pensiones. El Presidente pierde otra oportunidad para demostrar del lado de quién está. Su actitud timorata de ceder ante las presiones de la Democracia Cristiana y del Partido Radical, cuando éstos exigían no entregar ningún peso más a las AFP a cambio de míseros votos en el Parlamento, para solamente aprobar la idea de legislar lo que, por cierto, no asegura que le aprueben su proyecto, al menos no el texto original enviado por el Ejecutivo, es evidencia suficiente para inferir que le teme a la calle, a la desaprobación en las encuestas y a la izquierda.

El Presidente olvida que ganó con mayoría absoluta (54,58%) en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales. Hace caso omiso a la encuesta CADEM que revela que el 75% de las personas estaría a favor de incluir el aumento del 4,2% de cotización con cargo al empleador a las cuentas individuales. En vez de eso, le hace el juego a la oposición más fragmentada, desunida y débil desde el retorno de la democracia, anunciando la creación de una nueva institución estatal de la cual no conocemos absolutamente nada hasta ahora para administrar dichos fondos extra, excepto de que se trataría de un “ente público”, medida improvisada, con el fin de agradar a las redes sociales, buscar el aplauso fácil, con poca visión a largo plazo y poder decir que cumple al pie de la letra la agenda de la izquierda en este punto.

El Presidente Piñera prefiere no valorar las excelentes cifras de desempeño que ha tenido el sistema de capitalización individual desde su puesta en marcha, ignorando que ha generado rentabilidades cercanas al 7% acumulado anual como ningún otro instrumento de inversión, que ha sido exitoso e imitado en varios países y que su contraparte estatal, el sistema de reparto, ha llevado a la quiebra a muchas naciones en donde éste se ha implementado y que incluso la comisión Bravo, convocada por la expresidenta Bachelet, ha manifestado su rechazo al mismo por su inviabilidad.

En definitiva, el Presidente sabiéndose minoría en el Congreso, ha vendido sus principios -si es que los tenía- por migajas, lo que lo coloca en una situación compleja frente a sus votantes, haciendo lo que prometió durante la campaña no haría de ganar la presidencia: agrandar al Estado, con el consiguiente aumento de gastos a cargo de los impuestos generales, o sea, de todos nosotros.

Entonces, si hay una gran cantidad de personas a favor de aumentar las cuentas individuales, ¿por qué habría que obligarlos a ser parte de un sistema estatal en el cual no creen y no quieren participar? ¿Por qué tendríamos que entregarles nuestro dinero a burócratas y políticos para que los administren? ¿Han demostrado estos últimos, acaso, ser eficientes administradores? En este sentido, es válido plantearse la posibilidad de dejar plena libertad a los ciudadanos para que elijan donde cotizar los nuevos recursos, que son necesarios para hacer crecer las pensiones a futuro y que, aun así, parecen insuficientes si consideramos que el promedio de cotización de países OCDE es de un 18%.

La izquierda ha estado en contra del sistema privado de pensiones desde el inicio, porque han pretendido hacerse del suculento botín que representa el ahorro de los chilenos (monto cercano a los US$200.000 millones, equivalente al 67% del PIB del país el año 2018), tal y como lo hizo la expresidenta de Argentina Cristina Fernández en el 2008 al “expropiar” (eufemismo para decir robo estatal) los fondos de las AFP.

Y aquí, un gobierno de “centroderecha”, le abre la puerta al estatismo nefasto alejándose cada vez más de sus bases.

Por Diego Maureira, Coordinador Distrital Partido Libertario.

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