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Internacional

Gravísimo: Argentina se apropió de territorio chileno en la Antártica y la ONU lo aprobó

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Una nueva polémica con el país trasandino se sumó esta semana luego de que el Senado de Argentina aprobara de forma unánime dos proyectos relacionados con los límites y la soberanía del país.

El proyecto, impulsado por el Presidente Alberto Fernández, pretende “reafirmar la soberanía” de Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur -todas bajo administración del Reino Unido- , pero también hace alusión a la Antártica.

Es así como mientras se propone la creación del Consejo Nacional Asesor de Políticas Sobre Malvinas, también se establece una “nueva demarcación del límite exterior de la plataforma argentina” más allá de las 200 millas, según dice el escrito.

El ministro de RR.EE. transandino, Felipe Solá, afirmó que ambas iniciativas “tienen como objetivo fortalecer nuestra presencia soberana, nuestra actividad económica y promover la memoria con hechos concretos, por los héroes de Malvinas y por otros que dieron la vida en la Antártida”.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, destacó que los parlamentarios hayan coincidido en que “es necesario la Cuestión Malvinas sea una verdadera política de Estado”, y celebró también que exista un “acuerdo generalizado sobre la importancia de proteger nuestros derechos de soberanía sobre la plataforma continental, donde hay recursos que pertenecen a los 44 millones de argentinos y argentinas”.

“La decisión de avanzar sobre la cuestión de los límites exteriores fue tomada luego de los resultados de 2009 de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental que fueron aceptados por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas en marzo de 2017”, agrega el documento.

El senador oficialista Jorge Taiana (Frente de Todos) dijo que “se trata de extender, de acuerdo con lo que establece la Convención del Derecho del Mar, más allá de las 200 millas –que era donde terminaba la zona económica exclusiva–, la plataforma continental, utilizando este mismo derecho sobre el suelo y sobre el subsuelo. La Convención del Derecho del Mar establece que se puede extender de las 200 millas hasta el límite exterior de la plataforma o hasta un máximo de 350 millas”.

Con ello, Argentina incorporaría 1.700.000 kilómetros cuadrados a su territorio oficial. Este objetivo, de hecho, generó la simpatía de la mayor parte del Senado y por eso, ayer cuando se votó, 70 parlamentarios le dieron su visto y bueno y con ello, quedó listo para convertirse en ley.

De esta forma, el proyecto permitiría que el gobierno argentino dibuje un nuevo mapa de su país, donde se ve también la Antártica chilena.

POSTURA DE CHILE

Tras un análisis realizado por el titular de la Cancillería de Chile, Teodoro Ribera, y por equipos técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, se emitió el 11 de mayo pasado una nota diplomática, dirigida a su homóloga transandina, donde afirma que las pretensiones de plataforma extendida por la Casa Rosada en la zona del Mar Austral colisionan con las de Chile, y que se trata de una declaración unilateral por parte de Argentina.

La nota diplomática también fue enviada, el 23 de mayo, al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) António Guterres.

El 21 de junio pasado el Senado de Chile despachó a tercer trámite el proyecto que crea el Estatuto Chileno Antártico, orientado a la protección y fortalecimiento de los derechos soberanos antárticos de Chile; el establecimiento de los principios conductores de la política antártica y del ejercicio de sus competencias en materia antártica, entre otras materias.

Fuente: Radio Agricultura

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Internacional

Proyecto totalitario: Human Rights Watch hizo un llamado a rechazar el proyecto del “negacionismo” impulsado por Carmen Hertz

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La prestigiosa organización internacional, Human Rights Watch que condenó la dictadura de Pinochet y recientemente la de Maduro en Venezuela llamó a rechazar el proyecto totalitario sobre el “negacionismo” impulsado por la diputada comunista, Carmen Hertz.

La iniciativa que fue aprobada para legislar en la cámara pasó al senado y busca única y exclusivamente castigar el negacionismo de los abusos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, otros abusos y violaciones a los derechos humanos fueron descartados por los promotores del proyecto.

El proyecto busca penalizar con hasta tres años de presidio a quien “justifique”, “apruebe” o “niegue” las violaciones a los derechos humanos que informes oficiales documentaron al término del régimen cívico-militar.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco indicó en sus redes oficiales que “El Senado de Chile debe rechazar un proyecto de ley que criminaliza el negacionismo sobre los aberrantes delitos de la dictadura de Pinochet. Las expresiones ofensivas deben contrarrestarse con argumentos, no con la prisión”.

Vivanco además compartió un comunicado del organismo internacional rechazando el peligroso proyecto.

En este se lee:

“El Senado de Chile debería rechazar una propuesta legislativa que criminalizaría el negacionismo en relación con los abusos cometidos durante la dictadura militar, señaló hoy Human Rights Watch.

El 22 de septiembre de 2020, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto legislativo que penalizaría con hasta tres años de prisión a quien “justificare”, “aprobare” o “negare” violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de la dictadura, entre 1973 y 1990. El proyecto de ley aún debe ser debatido por el Senado.

“Las expresiones ofensivas, por hirientes que resulten, deben ser contrarrestadas con argumentos, no con sanciones penales”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El proyecto de ley contra el negacionismo contraviene estándares internacionales de derechos humanos actualmente en vigencia y probablemente no contribuirá a que cesen las expresiones ofensivas en el país”.

El proyecto de ley sería aplicado a expresiones sobre violaciones de derechos humanos documentadas en informes oficiales sobre las graves atrocidades cometidas durante la dictadura. Según el proyecto legislativo, las sanciones solo se aplicarían a expresiones que “perturben el orden público” o “impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima” el ejercicio de derechos de terceros.

Conforme al derecho internacional, la libertad de expresión solo puede ser limitada en circunstancias muy específicas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ambos ratificados por Chile, disponen que las leyes solo pueden limitar el ejercicio de la libertad de expresión de forma proporcional y necesaria para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de otras personas, o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. Las restricciones establecidas en el proyecto de ley que está siendo discutido en Chile no resultan ni necesarias ni proporcionales al logro de estos objetivos.

Chile tiene un interés legítimo en garantizar que la sociedad conozca de forma certera los aberrantes abusos cometidos durante la dictadura y en asegurar que se respete a las víctimas. Sin embargo, la criminalización de expresiones ofensivas no es una forma aceptable de lograr esos objetivos, explicó Human Rights Watch.

El Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión señala que la tolerancia, el pluralismo y el espíritu de apertura propios de una sociedad democrática implican que “la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano encargado de interpretar el PIDCP y evaluar su cumplimiento por parte de los Estados, ha determinado que las “leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el Pacto impone a los Estados partes”.

“Sancionar las expresiones ofensivas no es una forma eficaz de contrarrestarlas, e incluso podría resultar contraproducente”, señaló Vivanco. “Estas sanciones pueden convertir a los sancionados en víctimas y conseguir que sus ideas generen aún más atención”.

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Internacional

Fernanda Cornejo, hija de Karen Doggeweiler, asumió en importante cargo de organización internacional de ultraizquierda

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Esta jornada se dio a conocer que la hija de Karen Doggenweiler, Fernanda Cornejo, asumió como secretaría ejecutiva del Grupo de Puebla, sector que agrupa a expresidentes y líderes progresistas de países iberoamericanos.

Según el diario La Segunda, precisó que el cargo había quedado vacante luego que Cecilia Nicolini se transformó en asesora del Presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien también es parte de dicha organización.

En el nuevo rol de la hija de la animadora de televisión, también se desarrollará como moderadora del programa “Diálogos de Cambios”, que se emiten una vez a la semana a través de Facebook Lie.

En ese sentido, la tesista de Ciencia Política moderó en la jornada de ayer, miércoles, una conversación sobre el curso internacional “Estado, política y democracia en América Latina”, el que es impulsada por Marco Enríquez-Ominami y participaron Cecilia Nicolini y Pablo Gentilli, doctor en educación.

Cabe señalar que, en el Grupo Puebla también se encuentran la diputada Karol Cariola y los senadores José Miguel Insulza y Alejandro Navarro.

Fuente: Radio Agricultura

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Internacional

Socialista y pedófilo: Evo Morales habría tenido una hija con una menor de edad

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Este lunes el Ministerio de Justicia de Bolivia presentó otra denuncia contra el expresidente Evo Morales, por una presunta relación amorosa con una menor, con la que habría tenido una hija.

Según el viceministro Guido Melgar, “se ha remitido por parte del Viceministerio de Transparencia una documentación referida a un posible nuevo caso de estupro, presuntamente competido por el expresidente Juan Evo Morales Ayma”.

Según el secretario de Estado del país altiplánico, su cartera recibió una denuncia anónima, la que fue corroborada por el Servicio de Registro Civil y el Servicio General de Identificación Personal, lo que permitió establecer que Morales habría tenido una relación sentimental con una menor de 15 años y cinco meses.

“Habría tenido una hija en 2016, en febrero, cuando esta niña tenía 16 años. La menor existe, la madre existe y la menor tiene como padre registrado a Juan Evo Morales”, finalizó.

Cabe señalar que, esta es la segunda denuncia contra el expresidente de Bolivia, luego que el Ministerio de Justicia de dicho país denunciara la semana pasada de una mujer de 19 que aseguró que tuvo una relación sentimental con ella cuando era menor de edad.

Fuente: Radio Agricultura

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