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Internacional

Otra más del Socialismo del Siglo XXI: confirman que Evo Morales cometió fraude electoral en Bolivia

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En Bolivia hubo fraude electoral, afirmó un nuevo estudio que confirma las conclusiones de la OEA sobre los comicios del año pasado, y desestima los cuestionamientos de dos investigadores estadounidenses divulgados hace dos meses por el diario The Washington Post.

La misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó que hubo “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” en los comicios del 20 de octubre de 2019 en Bolivia, y señaló la imposibilidad de validar los resultados, lo cual provocó la renuncia del reelecto presidente Evo Morales en medio de una convulsión social.

“Las conclusiones de la OEA sobre la integridad electoral de las elecciones bolivianas son correctas”, dijo John Newman, un economista exrepresentante del Banco Mundial en Bolivia y actual consultor en Estados Unidos, en un estudio difundido el viernes en Twitter por la misión permanente del país sudamericano ante la OEA.

La auditoría de la OEA desencadenó la dimisión de Morales tras casi 14 años en el poder, luego de que los jefes policiales y militares le retiraran el apoyo, así como su refugio primero en México y luego en Argentina.

Nuevas elecciones fueron programadas inicialmente para el 3 de mayo por el gobierno transitorio encabezado por Jeanine Áñez, pero se postergaron en marzo por la pandemia de la COVID-19.

Ahora, el Congreso, en el que el partido de Morales ostenta cómoda mayoría, aprobó esta semana la realización de los comicios en un plazo de 90 días, pero Áñez se negó a promulgar la norma en virtud de la crisis sanitaria.

Newman dijo que ratificó las conclusiones de la OEA tras contrastar el informe de la misión de observación y el posterior análisis del estadístico Irfan Nooruddin, comisionado por la OEA para revisar los resultados de las elecciones, con la investigación de los académicos John Curiel y Jack Williams, que aseguraron que su pesquisa “no encontró razón para sospechar fraude”.

“Basado en una revisión de los tres documentos y un nuevo análisis de datos de todas las mesas que reportaron votos, de los distritos electorales (recintos), localidades y municipios, este documento muestra que el análisis de Curiel y Williams es defectuoso y sus conclusiones no tienen justificación. Nooruddin y la OEA estaban en lo correcto al cuestionar la integridad de las elecciones presidenciales bolivianas del 20 de octubre de 2019”, señaló Newman.

Fallas

La pesquisa de Curiel y Williams había sido solicitada por el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), un grupo de estudios progresista con sede en Washington, y sus resultados se difundieron el 27 de febrero en Monkey Cage, un blog sobre investigaciones de ciencia política publicado por The Washington Post.

“No podemos encontrar resultados que nos lleven a la misma conclusión que la OEA. Creemos que es muy probable que Morales haya obtenido el margen de 10 puntos porcentuales requerido para ganar en la primera vuelta”, indicaron Curiel y Williams.

Pero Newman señaló fallas en el análisis de Curiel y Williams.

“Las cifras de Nooruddin demuestran que el cambio en los márgenes de votación de Morales antes y después de la suspensión del registro de votos es considerablemente mayor que lo sugerido por las cifras de Williams y Curiel”, señaló el experto.

La oposición boliviana había denunciado “fraude” desde el día siguiente de los comicios, cuando hubo un cambio “drástico” e “inexplicable” en la tendencia del conteo tras una parálisis de 20 horas del sistema de cómputo rápido.

El recuento final le dio al izquierdista Morales la reelección en primera vuelta con el 47,08% de los votos, al tener más de 10 puntos por delante del expresidente centrista Carlos Mesa (36,51%).

La OEA denunció alteraciones de las actas y falsificación de las firmas de los jurados de mesa. Además, dijo que al procesarse los resultados se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), haciendo posible la suplantación de actas.

También señaló la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible.

Morales denunció haber sido víctima de un “golpe de Estado”.

Fuente: Radio Agricultura

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Internacional

Todo sale a la luz: Juan Guaidó reveló que Maduro financió el estallido delictual en Chile

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El presidente interino de Venezuela acusó que su opositor podría haber enviado a compatriotas suyos y cubanos a nuestro país.

El presidente de la Asamblea Legislativa y autoproclamado “Presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó dijo que es “absolutamente factible” la tesis que levantó en su momento el Jefe de Estado de Chile Sebastián Piñera, sobre una supuesta “intervención de gobiernos extranjeros” en nuestro país tras el estallido social.

A pesar que desde el Ministerio Público han desestimado la supuesta intervención extranjera, el líder de la oposición venezolana dijo que podría haber “agentes infiltrados” en nuestro país, aunque aclaró que no es lo mismo que provocar el estallido social.

“Es absolutamente factible. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Uno, Maduro no tiene capacidad para generar un conflicto social en ningún país. Eso hay que decirlo. Hay luchas propias de cada país, hay movimientos sociales que se deben canalizar, pero son temas distintos”, dijo Guaidó a la revista de análisis internacional de la Universidad de Chile, Realidad y Perspectivas.

“Ahora, lo que sí puede es financiar y entrenar mecanismos de infiltración, agitación y violencia en los distintos países, a través de agentes cubanos en unos casos y venezolanos en otros (…) Son grupos que quieren aprovecharse de movimientos sociales, aprovecharse de reclamos legítimos de la ciudadanía, para introducir el elemento de vandalismo, la violencia o simplemente perjudicar el orden”, agregó.

Hace algunas semanas, el fiscal Manuel Guerra, quien lleva las investigaciones sobre los daños provocados a distintas estaciones de Metro de Santiago y otros hechos de violencia relacionados con el estallido social, descartó que existiera injerencia extranjera en estos hechos.

“Pocos días después de que ocurrieron estos hechos, surgió una información que daba cuenta de intervención extranjera, primero que nada, que fue señalada por el señor Presidente y que hablaba de una organización. Bueno, esos antecedentes, al menos al Ministerio Público nunca llegaron”, dijo Guerra.

“Recordemos toda la polémica que hubo por la información que surgió de la ANI, que hablaba de la existencia de un bigdata, de información muy importante, que al final eso fue solo humo, no hubo nada. Nosotros tenemos que operar sobre la base de lo que sí tenemos”, cerró.

Fuente: El Periscopio

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Internacional

Proyecto totalitario: Human Rights Watch hizo un llamado a rechazar el proyecto del “negacionismo” impulsado por Carmen Hertz

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La prestigiosa organización internacional, Human Rights Watch que condenó la dictadura de Pinochet y recientemente la de Maduro en Venezuela llamó a rechazar el proyecto totalitario sobre el “negacionismo” impulsado por la diputada comunista, Carmen Hertz.

La iniciativa que fue aprobada para legislar en la cámara pasó al senado y busca única y exclusivamente castigar el negacionismo de los abusos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, otros abusos y violaciones a los derechos humanos fueron descartados por los promotores del proyecto.

El proyecto busca penalizar con hasta tres años de presidio a quien “justifique”, “apruebe” o “niegue” las violaciones a los derechos humanos que informes oficiales documentaron al término del régimen cívico-militar.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco indicó en sus redes oficiales que “El Senado de Chile debe rechazar un proyecto de ley que criminaliza el negacionismo sobre los aberrantes delitos de la dictadura de Pinochet. Las expresiones ofensivas deben contrarrestarse con argumentos, no con la prisión”.

Vivanco además compartió un comunicado del organismo internacional rechazando el peligroso proyecto.

En este se lee:

“El Senado de Chile debería rechazar una propuesta legislativa que criminalizaría el negacionismo en relación con los abusos cometidos durante la dictadura militar, señaló hoy Human Rights Watch.

El 22 de septiembre de 2020, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto legislativo que penalizaría con hasta tres años de prisión a quien “justificare”, “aprobare” o “negare” violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de la dictadura, entre 1973 y 1990. El proyecto de ley aún debe ser debatido por el Senado.

“Las expresiones ofensivas, por hirientes que resulten, deben ser contrarrestadas con argumentos, no con sanciones penales”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El proyecto de ley contra el negacionismo contraviene estándares internacionales de derechos humanos actualmente en vigencia y probablemente no contribuirá a que cesen las expresiones ofensivas en el país”.

El proyecto de ley sería aplicado a expresiones sobre violaciones de derechos humanos documentadas en informes oficiales sobre las graves atrocidades cometidas durante la dictadura. Según el proyecto legislativo, las sanciones solo se aplicarían a expresiones que “perturben el orden público” o “impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima” el ejercicio de derechos de terceros.

Conforme al derecho internacional, la libertad de expresión solo puede ser limitada en circunstancias muy específicas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ambos ratificados por Chile, disponen que las leyes solo pueden limitar el ejercicio de la libertad de expresión de forma proporcional y necesaria para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de otras personas, o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. Las restricciones establecidas en el proyecto de ley que está siendo discutido en Chile no resultan ni necesarias ni proporcionales al logro de estos objetivos.

Chile tiene un interés legítimo en garantizar que la sociedad conozca de forma certera los aberrantes abusos cometidos durante la dictadura y en asegurar que se respete a las víctimas. Sin embargo, la criminalización de expresiones ofensivas no es una forma aceptable de lograr esos objetivos, explicó Human Rights Watch.

El Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión señala que la tolerancia, el pluralismo y el espíritu de apertura propios de una sociedad democrática implican que “la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano encargado de interpretar el PIDCP y evaluar su cumplimiento por parte de los Estados, ha determinado que las “leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el Pacto impone a los Estados partes”.

“Sancionar las expresiones ofensivas no es una forma eficaz de contrarrestarlas, e incluso podría resultar contraproducente”, señaló Vivanco. “Estas sanciones pueden convertir a los sancionados en víctimas y conseguir que sus ideas generen aún más atención”.

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Internacional

Fernanda Cornejo, hija de Karen Doggeweiler, asumió en importante cargo de organización internacional de ultraizquierda

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Esta jornada se dio a conocer que la hija de Karen Doggenweiler, Fernanda Cornejo, asumió como secretaría ejecutiva del Grupo de Puebla, sector que agrupa a expresidentes y líderes progresistas de países iberoamericanos.

Según el diario La Segunda, precisó que el cargo había quedado vacante luego que Cecilia Nicolini se transformó en asesora del Presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien también es parte de dicha organización.

En el nuevo rol de la hija de la animadora de televisión, también se desarrollará como moderadora del programa “Diálogos de Cambios”, que se emiten una vez a la semana a través de Facebook Lie.

En ese sentido, la tesista de Ciencia Política moderó en la jornada de ayer, miércoles, una conversación sobre el curso internacional “Estado, política y democracia en América Latina”, el que es impulsada por Marco Enríquez-Ominami y participaron Cecilia Nicolini y Pablo Gentilli, doctor en educación.

Cabe señalar que, en el Grupo Puebla también se encuentran la diputada Karol Cariola y los senadores José Miguel Insulza y Alejandro Navarro.

Fuente: Radio Agricultura

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