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La medida de Cathy Barriga ante demandas contra el municipio de Maipú por despido de honorarios

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Aunque recalcó que las cifras no corresponde a la realidad.

A través de una declaración pública la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se refirió a las demandas  interpuestas por trabajadores a honorarios luego se diera término a su relación laboral con el municipio. Esto luego que El Dínamo revelara que esta situación podría costarle casi 20 mil millones de pesos, porque son más de 300 las personas que han presentado alguna demanda por concepto de indemnizaciones.

Sin embargo, la edil sostiene que “Las cifras expresadas por supuestas deudas de este municipio no corresponden a la realidad y han sido distorsionadas, pues los métodos utilizados para el cálculo de pagos previsionales no reflejan las cifras reales”.

Afirmando que “en el escenario de la justicia laboral, el Municipio se encuentra dando cumplimiento a las sentencias ejecutoriadas, conforme a la disponibilidad presupuestaria y trámites administrativos necesarios, propios de una entidad edilicia de acuerdo al ordenamiento jurídico que les es aplicable a dichas instituciones”.

Por otra parte, sostiene que “resulta relevante mencionar que, respecto a las demandas interpuestas contra el municipio por ex prestadores de servicios, muchas de ellas se encuentran actualmente con recursos de nulidad y de unificación de jurisprudencia pendientes de conocimiento por los Tribunales Superiores de Justicia, y en ese sentido, aún no han sido resueltas”.

Barriga agrega que “Sabiendo que este es un tema que compete al órgano Ejecutivo y Legislativo, en tanto zanja la problemática que hoy existe con los prestadores de servicios y las leyes laborales o códigos de trabajo, se interpondrá un requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad ante al Tribunal Constitucional para insistir en que la actuación de los Tribunales de Justicia en torno a desconocer la facultad de los organismos públicos de contratar prestadores de servicios, amparado en el artículo 4° de la Ley 18.883, afecta no sólo a los Municipios, sino a la función pública y estatal en su totalidad”.

 

Fuente: El Periscopio

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